Fuente: Juan Ignacio Álvarez. https://www.eleconomista.es Entre 2020 y 2022 hasta 19.134 sociedades en España se han declarado en bancarrota El aumento de los costes laborales y la presión fiscal ha agudizado la crisis de algunos negocios Muchas empresas no van a concurso porque es caro y proceden al simple ‘cerrojazo’ España es el país de la Unión Europea donde más han crecido porcentualmente las declaraciones de bancarrota de empresas desde 2020, año en el que se declaró la pandemia por coronavirus. En concreto, el total de empresas que han manifestado entrar en quiebra ha crecido un 163%. En número, casi se han triplicado, pasando de 3.658 hace tres años a 9.606 al cierre del año pasado. Suman 19.134 negocios en los últimos tres años. A nuestro país le sigue, ya de lejos, Austria (+59%) más de declaraciones de bancarrota; Francia (+33%); Bélgica (+29%) y Finlandia (+25). En los otros siete países analizados, las declaraciones de bancarrota bajan: Italia (-5,6), y, de forma llamativa, Portugal (-28%) Polonia (-34%); Países Bajos (-33%) Eslovaquía (-35%) y Rumanía (-44%). En el caso de Alemania, la primera economía de la UE, faltan los datos de 2022, pero se aprecia una tendencia a la baja (-12%). «Nuestra situación con respecto a la europea, en lo que a quiebras empresariales se refiere, está totalmente determinada por la moratoria concursal que se declaró durante la pandemia, y que ha durado hasta dos años después, con una modificación entre medias muy relevante de la normativa; que ha sido la Ley Concursal», razona el economista Javier Santacruz.   Y subraya: «Esto no ha sucedido en otros países europeos, donde las empresas se crean y se destruyen con más velocidad y habiendo llegado antes a acuerdos entre acreedores y accionistas para no tener que llegar a los juzgados». Santacruz refiere que «otro factor importante es que en España el porcentaje de empresas que no terminan de quebrar una vez que inician su procedimiento concursal es muy bajo. Hay muy pocas posibilidades de sobrevivir en el momento en que se decide llevar a concurso una empresa». Sobre cuáles son la razones de la moratoria concursal en España y la nueva Ley Concursal, este experto sostiene que «el Gobierno no quería que se produjera una quiebra masiva de pymes y autónomos con motivo de la pandemia, así como en su recuperación posterior». Por tal motivo, precisa Santacruz, «la manera que se escogió fue establecer una moratoria sobre los concursos de acreedores, ya que en España la normativa tasa muy bien en qué situaciones es obligatorio ir al concurso de acreedores, o lo que antes se llamaba suspensión de pagos». En este sentido, concluye que «al establecer la moratoria se evitó una oleada de concursos y, en consecuencia, de quiebras. Y en el momento en el que se ha quitado [30 de junio de 2022] se ha disparado el volumen de quiebras. Aún así, el incremento será controlado durante 2023, porque hay una moratoria que continúa, que es la relativa a la contabilidad». Durante la pandemia por coronavirus, muchas empresas españolas, en su mayoría pymes, microempresas o autónomos, se vieron abocadas al concurso de acreedores por deudas con Hacienda o la Seguridad Social, por tener fondos propios negativos o patrimonio negativo, o entrar en causa de disolución, sin que hayan podido revertir su situación en la nueva normalidad. Vulnerabilidad El profesor de finanzas del CEF (Centro de Estudios Financieros), Juan Fernando Robles, tiene claro cuáles son los motivos por los que en España estamos teniendo más concursos de acreedores y cierres de empresas que otros países europeos a raíz de la pandemia. «En primer lugar, por la mayor cantidad de empresas españolas dedicadas al comercio minorista, la hostelería y el turismo, sectores muy golpeados por la pandemia«. «Además», precisa, «el tejido empresarial español se compone de muchas microempresas y pequeñas empresas de tamaño inferior al de los principales países de Europa, lo que las hace más vulnerables». En segundo lugar, Robles comenta que «también la inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación han hecho sus estragos, además de un nivel de endeudamiento adquirido durante la pandemia que ha terminado por pasar factura en algunas empresas». Asimismo, dice que «a todo esto hay que añadir una política económica que ha aumentado los costes laborales, como por ejemplo la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), así como una presión fiscal creciente que tiene efectos contractivos, con lo que algunas empresas ha podido agudizar su crisis». Este analista financiero esgrime un tercer motivo: «Los fondos de la UE no están llegando a las pymes y no han contribuido a que esas empresas puedan mejorar su situación». Tendencia ascendente Miguel Romero, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas, advierte de que «en el caso de España están incluidos en las estadísticas de Eurostat los concursos de personas físicas, por eso salen más». Por ello, precisa que «mas que las cifras en números absolutos es más importante analizar la tendencia estadística: ascendente, descendente o estancamiento«. Romero refiere también que «debemos considerar que en España, tradicionalmente, el concurso de acreedores es bajo comparado con otros países, debido, entre otras razones, a una menor cultura y tradición concursal, si bien se va corrigiendo y mejorando, y a una mayor proliferación de la economía sumergida en nuestro país». Procedimiento caro Romero explica que «como el concurso de acreedores es un procedimiento caro y que tarda mucho tiempo, muchas empresas, y especialmente micropymes y autónomos proceden al simple ‘cerrojazo’ y no tramitan la insolvencia a través del procedimiento concursal reglado«. Cree que «una de las principales razones para el incremento concursal se debe al incremento de los concursos de acreedores a personas físicas y autónomos con 4.400 concursos para tratar de conseguir una segunda oportunidad«.